Los suscritos, integrantes de la comunidad académica, el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Observatorio socio ambiental de El Colegio de San Luis, planteamos las siguientes consideraciones con motivo de las recientes noticias y afirmaciones que aseveran que el proyecto hidráulico de trasvase denominado Monterrey VI tiene posibilidades para su edificación y puesta en marcha.
1. El proyecto que se propuso en el año 2011, consistió en una obra de toma en una zona colindante entre San Luis Potosí y Veracruz en la región pluricultural llamada Huastecas, donde viven comunidades de diferentes pueblos originarios. Como tal, es una intención que se tiene documentada cuando menos desde la década de los noventa. Llevar agua desde la cuenca del Pánuco al norte del país es una intención añeja que está basada en lo que algunos organismos gubernamentales definían como una región hidrológica con superávit hídrico. Ante el fenómeno de cambio climático, la variabilidad del clima en la Región Huaste- ca y las sequías, esta aseveración ha dejado de ser cierta. El modelado basado en datos de los últimos 40 años, señala que cada año hay días con altas temperaturas y cada vez hay más días con temperaturas supe- riores a los 25 °C. Esto repercutirá en tasas de evapotranspiración mayores que disminuirán el almacena- miento de los cuerpos de agua en el futuro próximo; y además, no pueden descartarse períodos de sequías.
2. No puede permitirse la operación de un proyecto hídrico sustentado en un estudio de impacto ambiental que tiene más de una década de antigüedad. Por ley, Monterrey VI requiere de nuevos estudios.
3. Estos nuevos estudios, incluído el de impacto ambiental, además de contemplar la variabilidad climática, también tiene que considerar el impacto sobre los ecosistemas. Un ejemplo evidente es la salinización del Pánuco. El proyecto Monterrey VI afectaría los volúmenes disponibles de agua en la región Huasteca, en particular en la época de estiaje, precisamente cuando la intrusión salina en el río Pánuco es más grave. Esto significa que las aguas marinas modificarán con mayor impacto, la dinámica eco hidrológica tanto en el acuífero local como en la propia corriente del río Pánuco. En términos de la estructura y la función de la unidad hidrológica, ello generará alta inestabilidad con consecuencias en la flora y la fauna de una región que, por las múltiples funciones ecosistémicas resulta relevante para todo el noreste del país. El estudio de impacto ambiental debe incluir simulaciones hidrodinámicas para conocer, con la extracción del agua y como consecuencia disminución del gasto en el río, cómo será la interacción agua de mar – agua de río y conocer hasta dónde penetrará la cuña salina.
4. Expresamos nuestro extrañamiento con respecto a la idea de revivir el proyecto Monterrey VI, puesto que la asignación de agua para Nuevo León se encuentra legalmente vencida. Insistimos que se requiere un nuevo estudio de impacto ambiental. Además, en el marco del derecho humano al agua, antes del proyecto Monterrey VI, debe revisarse el estado del acuífero de aquella ciudad, el cual está acaparado por intereses industriales y corporativos, que han puesto en riesgo la disponibilidad del vital líquido para la población.
5. En este sentido, resaltamos que la propuesta siempre ha tenido un alto costo financiero que incrementó en el tiempo. Hasta marzo del 2014 se había firmado el convenio de coordinación para la planificación, construcción y operación del proyecto, por un monto de 18,283 millones de pesos, que se adjudicó a empre- sas varias. La obra se detuvo entre otras razones, por la oposición en la cuenca receptora. Vale la pena recor- dar estos datos a la luz de una nueva intención. A precios del 2023 seguramente la obra ahora tiene un costo mayor, sorprende la insistencia de revivir un proyecto sin mejorar el abasto local, por ejemplo, mediante la sectorización de la ciudad de Monterrey a fin de disminuir las filtraciones de su acuífero.
6. Por supuesto que preocupan los impactos del proyecto a nivel estatal. Monterrey VI en su primera etapa extraería directamente del Pánuco hasta 5 m3/s, el proyecto en su conjunto planteó trasladar hasta 15 m3/s. Para tener una idea de estas cantidades el acueducto del Realito es tres veces menor a los 372 km de Monte- rrey VI, en tanto el volumen de agua a extraer del Pánuco sería hasta 15 veces superior al recurso que del Realito se repartirían dos Estados, San Luis Potosí y Guanajuato (15 m3/s equivale a 130 mil pipas diarias de 10 mil litros cada una).
7. Los argumentos que se han ido esgrimiendo para justificar a Monterrey VI son diversos, pero, desde su primera propuesta formal en el año de 2011, el proceso ha sido opaco y discrecional al margen de organis- mos ciudadanos, el consejo de cuenca del Pánuco y los diferentes sectores interesados en el tema. No son aceptables las asignaciones por decreto.
8. Aunado a todo lo anterior, la problemática de Monterrey VI también es regional. De esta misma cuenca se abastecen dos obras hidráulicas de trasvase como lo son el Realito y el Acueducto 2 de Querétaro, lo cual pone en duda la viabilidad y la disponibilidad en el volumen para pensar en una obra que representa movili- zar agua. Recordemos problemas con proyectos similares, por ejemplo, el sistema Cutzamala.
9. Debatir, discutir o dialogar la viabilidad sobre un proyecto como éste no es un asunto que compete o que es exclusivo de los gobernadores de los estados. Exhortamos a que se escuche el sentir de las organizacio- nes sociales afectadas tanto en la zona de extracción del recurso como en la zona receptora del mismo. Recordando que este proyecto cuenta con voces en contra en ambas zonas del pretendido trasvase. Antes de pensar en la construcción de la sexta etapa de abasto a la ciudad de Monterrey desde una fuente tan lejana, consideramos que se debe llevar a cabo un diagnóstico detallado sobre los compromisos no cumpli- dos de los diversos órganos de gobierno en diferentes periodos en la región, por ejemplo, las etapas incon- clusas del distrito Pujal-Coy y las demandas de los ejidos Plan de Iguala y Emiliano Zapata del municipio de Tamuín que dependen del abasto hídrico del río Pánuco.
10. Reiteramos que, previo al desarrollo de un proyecto tan importante que implica importación de grandes volúmenes de agua entre cuencas, se recomienda que incrementen las inversiones dirigidas a la diversifica- ción de fuentes alternas de agua, con la finalidad de incrementar la oferta de agua a la población. Entre las diversas acciones se puede contemplar: i) recuperación de un porcentaje del volumen de agua que se pierde por fugas en las tuberías de abastecimiento de agua a la población; ii) rescate de agua que se fuga subterráneamente de los principales almacenamientos superficiales actualmente en operación; iii) recolec- ción y almacenamiento de agua de lluvia a escala local; iv) incrementar el volumen de agua tratada que se destine a uso industrial para disminuir la utilización de agua de primer uso y; v) mantenimiento, biorestaura- ción y preservación de los ecosistemas terrestres que proporcionan servicios hídricos, como la recarga natural de agua subterránea y la regulación del ciclo hidrológico.
El proyecto Monterrey VI debe ser revisado ante las nuevas condiciones que han afectado a todo el planeta, pero más a las zonas vulnerables que viven solamente de aguas superficiales. Los grupos académicos que emitimos esta declaración solicitamos ser partícipes en la revisión del proyecto y sobre todo, de la revisión del nuevo estudio de impacto ambiental que se requiere. Este proyecto debe enmarcarse en la mejor ciencia disponible, así como en el disfrute de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza ya amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, consideramos que las comunidades de la zona tienen derecho a la información y a la participa- ción de la decisión, especialmente las comunidades y pueblos indígenas de la zona, quienes además de su derecho al agua cultivan un vínculo social, cultural de valor religioso con los ríos de la región, lo anterior bajo el espíritu del Acuerdo de Escazú y el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas estable- cido por el acuerdo 169 de la OIT de los cuales nuestro país es una nación signataria.
Por supuesto que acompañamos a la población de Nuevo León en sus gestiones por contar con fuentes de agua. Pero Monterrey tiene diversas fuentes de agua, la Huasteca solamente sus ríos. Las ciudades y las comunidades indígenas Huastecas tienen tanto derecho al agua como las poblaciones del norte.
Observatorio Socioambiental de El Colegio de San Luis
Grupo Universitario del agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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